En caso de que exista un riesgo concreto que pueda comprometer la seguridad de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, el proveedor del servicio de comunicaciones electrónicas de que se trate informará a los usuarios finales de dicho riesgo y, cuando este quede fuera del ámbito de las medidas que debe adoptar el proveedor de servicios, informará a los usuarios finales de las posibles soluciones, con una indicación de los posibles costes.